![Güenchenen convocó a asamblea general del sindicato para el 14 de mayo](./uploads/noticias/2/2024/05/20240503173153_440805548-824480133046721-786637749436260256-n.webp)
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Trascendió un video en el que muestra a uno de ellos amenazando con prenderse fuego.
En plena pandemia, un grupo de despedidos por la gestión del intendente Osvaldo Maimó, se encadenó ayer por la mañana afuera de la comuna de Pico Truncado.
Reclaman ser reincorporado y que se les asignen funciones, además del pago de los salarios adeudados desde que el Jefe Comunal por Decreto-011 y 12-1 resolvió desestimar el pase a planta de los 208 empleados, que fue ratificado por la anterior conformación del Concejo Deliberante, y también por los ediles que asumieron desde el 10 de diciembre.
Los concejales actuales no trataron los decretos antes mencionados y ratificaron los pases a planta. Pero ante la no reincorporación, los despedidos acudieron a la Justicia mediante un amparo colectivo. Esta presentación fue desestimada, apelaron y ahora resta que el expediente lo trate el Juzgado de Instrucción N°1 de esta localidad.
"Queremos que la Justicia le dé curso a nuestro expediente porque la situación no da para más", señalaron voceros del sector.
Advirtieron que "por orden del intendente" no reciben asistencia alimentaria del área de Desarrollo Humano comunal. "No nos dieron ni un kilo de azúcar".
"Mis compañeros tomaron esta decisión y como la mayoría de las mujeres somos madres solteras, pidieron que por los chicos no nos sumemos", contó a TiempoSur una de las mujeres despedidas.
También denunciaron amenazas. "Por medio de una compañera y a dos compañeros en un auto que pasó por la calle, nos dijeron que nos dejemos de joder o nos iban a dar un susto", contaron.
Pero hubo otra denuncia contra el Intendente por abandono de persona, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
LA CAUSA
La Dra. Irene Carrizo, que los patrocina, pidió que se habilite la feria judicial en medio de la pandemia debido a la situación de vulnerabilidad social de sus representados. De este modo, la Cámara entendió que el expediente ameritaba un criterio de excepción para ser tratado, y resolvió el 31 de marzo declarar nula la sentencia del conjuez Castello y ordenó que un "juez imparcial resuelva nuestro caso y así lo dice la sentencia".
El expediente llegó el lunes a Pico Truncado a disposición de la jueza del Juzgado Instrucción, Dra. Zapata.
"El juez de primera instancia debe corregir el vicio señalado (por la Cámara de Apelación) porque existió violación al derecho de defensa de los trabajadores ya que no se cumplieron dirigencias procesales, no se resolvieron los dos decretos incorporados por el Intendente (los que daban de baja los pases a planta), tampoco nos notificaron por una medida dispuesta por el juez Castello
que ordenaba una serie de documentación que nos fue ocultada, esto determinó un vicio grave que derivó con la anulación de la sentencia", explicó la letrada.
Ahora el nuevo juez a cargo debe dictar una nueva sentencia. Esto significa que con la anulación de la sentencia los desocupados "nunca dejaron de ser empleados", si bien no dirime la cuestión de fondo (el amparo).
Hasta que no se determine la legitimidad de los decretos de Maimó -011 y 012- los trabajadores "son empleados del Municipio". Además que las ordenanzas que los pasó a planta fueron ratificadas por los ediles que estuvieron hasta el 10 de diciembre, y por los que sumieron en esta nueva gestión.
Sobre la medida extrema tomada por sus representados, señaló que "la gente está pasando hambre y el hambre no tiene razón, cada una de las acciones desplegadas por los trabajadores son netamente personales".