Miguel Nievas
jueves 18 de abril de 2024 - Edición Nº1961
Policiales | 2 may 2019
Caleta Olivia
La fiscal Candia solicitó dos años de prisión para petroleros que bloquearon empresa
Otra ruidosa manifestación de referentes del Partido Obrero, la CTA Autónoma y el gremio docente ADOSAC.
El lunes continuó con la audiencia del juicio oral y público al que son sometidos en la Cámara del Crimen de esta ciudad tres obreros petroleros que hace cinco años bloquearon en Las Heras el acceso a la empresa de servicios BACSA.
Los tres imputados, al momento de aguardar el inicio de la audiencia junto a sus abogados defensores, Carlos Toledo Vargas y Alberto Luciani.
Los imputados que comenzaron a ser juzgado el 15 de abril por el tribunal conformado por los jueces Jorge Alonso, Juan Pablo Olivera y Mario Albarrán, son Martín "Cuellito" Oñate, Néstor Vivares y Jorge Armoa, a quienes se les imputó el delito de coacción y entorpecimiento de la actividad económica.
Ayer declararon dos testigos referentes de la empresa que a fines de febrero de 2014, cuando se produjo el bloqueo de los portones BACASA por varios días, estaban en la base de Las Heras y actualmente se desempeñan en la de Neuquén.
A la audiencia, en la que hubo un fuerte operativo de seguridad a cargo de policías de la División Infantería, además de familiares de los imputados, asistieron dos dirigentes nacionales del ámbito gremial y político.
Se trata de Romina del Plá, secretaria general de SUTEBA filial La Matanza quien también es candidata a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda, y de Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad de Buenos Aires.
Luego de los alegatos, el fiscal de Cámara, Ariel Candia, solicitó al tribunal dos años de prisión efectiva para Oñate y similar pena, aunque condicional, para Vivares y Armoa, considerándolos responsables de los delitos que se les imputan.
Tanto Alberto Luciani, abogado defensor de Vibares, como Carlos Toledo Vargas, patrocinante de Oñate y Armoa, demandaron la absolución de sus defendidos.
De manera particular, Luciani dijo que el delito de "coacción" no estaba debidamente probado y el de "entorpecimiento de la actividad económica" no era responsabilidad de un obrero ya que esta instancia solo la puede llevar adelante una empresa.
La audiencia se extendió hasta media tarde y el tribunal hizo saber que dará a conocer su sentencia el 7 de mayo.
Respecto del pedido de pena de la fiscalía, el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini, dijo que "se quiere criminalizar a los trabajadores para hacer pasar el plan de ajuste del FMI" porque los mismos llevaron a cabo una lucha que se gestó por despidos en la empresa BACSA.
Por otra parte, sostuvo que "no es casual el ataque a los trabajadores de parte de todos los partidos patronales porque todos le aseguraron al FMI cumplir con el plan de ajuste".
"Por ello -añadió-, desde el Frente de Izquierda-Partido Obrero impulsamos la defensa irrestricta del derecho a reclamar porque es el reclamo y la huelga el único camino para frenar esta sangría anti- obrera".
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