
La medida se enmarca en un contexto en el que el gobierno nacional ha congelado prácticamente toda la obra pública y ha retirado su presencia de las rutas nacionales, dejando a las provincias frente al dilema de esperar o actuar. Sin confrontar directamente con la gestión de Javier Milei, Torres —gobernador por el PRO— optó por una estrategia pragmática: que Chubut se haga cargo de la reparación con fondos propios y que quienes más usan y deterioran la infraestructura —en este caso, camiones de matrícula extranjera, principalmente chilenos— contribuyan a sostenerla.
“La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias”, expresó Torres en sus redes. “Decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción”.
Si bien no lo dijo explícitamente, la medida refleja una respuesta provincial ante el vacío del Estado nacional. También se alinea con el clima político actual, donde el ajuste presupuestario, el recorte de obras públicas y el desplazamiento de responsabilidades hacia las provincias se han vuelto moneda corriente.
El anuncio refuerza además una narrativa cada vez más presente en algunos gobiernos provinciales: la búsqueda de recursos propios mediante el cobro a actores externos, en este caso, los transportistas internacionales. Una estrategia que, sin nombrarlo, resuena con el discurso de “orden fiscal” promovido por la Casa Rosada.
La tasa aún debe ser aprobada por la Legislatura provincial.