Tras reunión frustrada por la problemática canina: Protectoras exigen acción concreta y responsabilidad municipal

A la reunión, convocada con altas expectativas por las organizaciones proteccionistas, solo asistieron dos concejales, Juan Curallán y Carlos Aparicio, mientras que el resto de los ediles envió asesores. Si bien se reconoció la buena predisposición de algunos de estos últimos, la ausencia de la cúpula ejecutiva municipal fue una de las principales críticas. "Me parece que la cabeza no está funcionando. El intendente se tendría que poner a cargo de esta situación medioambiental, empezando por los perros", sentenció Mayorga, señalando que la falta de un plan de fondo es evidente.

La problemática de los animales en la calle, que incluye mordeduras y abandono, es un reclamo persistente de la comunidad de Caleta Olivia. Las protectoras, que aseguran ser quienes "hacen territorio" y conocen la realidad de cada familia y animal, expresaron su hartazgo ante la falta de reconocimiento y el desinterés de algunos funcionarios. "Parece que el Estado por comodidad se corrió", lamentó Mayorga, haciendo hincapié en que son las protectoras quienes, con su propio dinero y tiempo, suplen la función que debería cumplir el gobierno local.

Uno de los puntos de fricción fue la discusión sobre la suba de multas por tenencia irresponsable. Si bien podría parecer una solución, el Juez de Faltas presente en la reunión explicó que muchas multas no se pagan, citando como ejemplo el caso de la pirotecnia, donde una multa de 5 millones de pesos aún no ha sido cobrada. La preocupación de las proteccionistas radica en que, incluso si se cobraran, los fondos irían a una "bolsa de gastos" municipal en lugar de destinarse a una cuenta específica para medio ambiente y programas de bienestar animal.

También se descartó la idea de una audiencia pública, ya que experiencias anteriores, como la realizada durante la gestión Calicate-Andrade, solo sirvieron como una "catarsis" donde la sociedad, "más enojada", se limitó a descargar su frustración.

A pesar de los desencuentros, la reunión dejó algunas ideas para intentar avanzar. Entre ellas, se mencionó la necesidad de:

Crear un registro de perros con mordida peligrosa (o razas consideradas peligrosas), no con un fin eutanásico, sino para tener un censo y control de la población canina.

Realizar un censo general de perros en Caleta Olivia, empezando por las uniones vecinales, para saber cuántos animales hay, cuántos tienen dueño y cuántos son comunitarios.

Establecer un centro de sanidad animal fijo y caniles para atender situaciones específicas, como perras en celo, dado que el tráiler de castración actual es itinerante y limitado.

Las proteccionistas insisten en que "esto es prueba y error", pero que es fundamental una decisión política de la cabeza del municipio para que algo comience a funcionar.

La entrevista también abordó la creciente tensión entre vecinos y protectoras, alimentada por la desinformación y la descarga de bronca hacia quienes no son funcionarios. "Si vos adoptás, no castrás, lo abandonás, ¿dónde interviene la protectora?", cuestionó Mayorga, dejando en claro que el problema es de responsabilidad de los dueños y de la inacción estatal.

La falta de una política clara y un plan de fondo para la problemática animal en Caleta Olivia es un clamor popular. Mientras los perros no voten, la situación parece relegada en la agenda política, pero la realidad muestra un problema que "no desaparece, se va acrecentando", con el riesgo de situaciones cada vez más graves y peligrosas para la comunidad, indicó Mayorga.