Daniel Peralta
jueves 18 de abril de 2024 - Edición Nº1961
Política | 17 ago 2019
También panfletearon juzgado en Caleta Olivia
Ahorristas caletenses de planes de automóviles piden respuestas a sus
Por segunda vez en menos de un mes, decenas de vecinos de esta ciudad que se sienten estafados por las administradoras de planes de auto-ahorro.
Que puntualmente es para la compra de automotores cero kilómetro, volvieron a manifestar su bronca frente al Juzgado Civil, Comercial y de Minería por excesivos incrementos en las cuotas que no se condicen con los índices inflacionarios.
Esta vez pegaron panfletos en la fachada del edificio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen con el objetivo de que la justicia civil resuelva cuanto antes -y a su favor- la medida cautelar que interpuso el abogado particular que los representa, Ismael Machuca.
Varios de ellos recordaron que en abril de 2018, cuando ingresaron a los círculos de auto-ahorro, las cuotas iniciales (según las marcas y modelos de vehículos), oscilaban en los 3 y 4 mil pesos, pero actualmente deben pagar entre 12 y 15 mil.
En caso de abandonar el plan corren el riesgo de perder su inversión ya que difícilmente puedan transferirlo a terceros, instancia que por estos días se tornaría aún más crítica por la estampida en la cotización del dólar.
Al momento de registrarse la manifestación que incluyó un corte de la calle por varios minutos, el abogado Machuca había viajado a Pico Truncado y Las Heras para presentar otras cautelares e iniciar juicios a empresas automotrices y administradoras de planes de auto-ahorro.
Lo hizo en representación de otro centenar de damnificados ante los juzgados del ámbito civil y comercial de esas localidades que están a cargo de Gabriela Zapata y Guillermo Ghío, respectivamente.
En contacto telefónico con El Patagónico, el abogado comentó que en lo que respecta a los casos de Caleta Olivia (147 representados), es probable que la justicia se expida favorablemente antes del 22 de agosto y ordene retrotraer el valor de las cuotas de los planes a valores de abril de 2018, tal como ya ha ocurrido en otras localidades del país donde se interpusieron demandas.
En el capítulo de las fundamentaciones, se deja constancia de que los aumentos de las cuotas no pueden ser soportados por los mandantes ya que los mismos "ven seriamente comprometidos sus ingresos destinados a las elementales necesidades básicas".
Por otro lado, se pide a la justicia que disponga suspender cualquier proceso de ejecución prendaria o intimación de pago de deudas desde mayo de 2018.
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